201503.02
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necesidad de aportación de los estatutos sociales  para litigar en nombre de una empresa

En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo existen requisitos formales a la hora de presentar un recurso contra la Administración que, en la práctica, pueden generar posibles inadmisiones injustas.

¿Qué hace falta para litigar en nombre de una empresa?

Qué documentación debe presentar una empresa para que un recurso sea admitido? Normalmente, en el ámbito civil o penal, basta con el poder otorgado al procurador para iniciar acciones legales, pero en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo las exigencias formales son mayores y no cumplir con ellas puede suponer la inadmisión de un recurso presentado contra la Administración.

Así ha sucedido recientemente en un caso que analiza el Tribunal Supremo en el que se estudia la situación de una empresa, sociedad anónima, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no admitió un recurso por no cumplir con los requisitos para poder litigar que establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (artículo 45.2.d).

En esta sentencia, del pasado 17 de diciembre, el Alto Tribunal endurece las exigencias formales estableciendo que el administrador único de la sociedad debe presentar los estatutos sociales para acreditar que tiene competencia exclusiva sobre la decisión de litigar contra la Administración. En este sentido, señala que si en el curso del procedimiento judicial se suscita alguna duda sobre si el administrador único está legitimado para presentar el recurso, éste deberá aclararlo aportando toda la documentación pertinente.

Requisitos formalesEstos requisitos formales pueden servir a la Administración, en la práctica, para retrasar procedimientos. De hecho, es bastante frecuente ver cómo no se admiten recursos por esta cuestión. Sin ir más lejos, en los últimos meses, el Tribunal Supremo ha dictado al menos tres sentencias al respecto, si bien la más novedosa de todas ellas es la anteriormente citada, ya que extiende la necesidad de aportación de los estatutos sociales –que hasta ahora se aplicaba únicamente a las sociedades de responsabilidad limitada–, a todas las sociedades mercantiles en general, independientemente de su clase.

Esta sentencia, que sienta jurisprudencia, supone que, a partir de ahora, aunque se puede seguir aportando únicamente el certificado del acuerdo de ejercicio de acciones, lo más aconsejable para evitar cualquier riesgo de no admisión del recurso es aportar los estatutos sociales ya desde el inicio. Así lo entiende Federico Lara, socio del área de derecho público y administrativo de Ramón y Cajal Abogados, que explica que «algunos abogados ya lo hacían así, pero ahora se ha convertido prácticamente en una exigencia».

En su opinión, «aunque el requisito procesal de acreditar la voluntad o decisión de recurrir de las personas jurídicas tiene una justificación objetiva y razonable a priori, se ha convertido en la práctica en un obstáculo formal que se interpreta en ocasiones de manera bastante rigurosa y a veces da lugar a decisiones de inadmisión de recursos contencioso-administrativos que pueden vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido y garantizado en la Constitución».

Lara señala que «no se entiende que la ley exija este requisito sólo en lo contencioso-administrativo y sostiene que lo deseable es que, mientras este requisito exista, los juzgados y tribunales lo apliquen con las máximas garantías y de conformidad con el principio más favorable a la acción, para evitar situaciones de indefensión y posibles inadmisiones injustas».

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