201603.17
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las contrataciones y la ley de trasparencia

Las entidades publica y semipublicas no se dan  cuenta que la ley de transparencia  no es solo.otra norma que cumplir  como una obligación de mínimos, sino una nueva forma de gestionar los recursos públicos, de todos, de nosotros, de forma transparente.

Existe la equivocada percepción de que como siempre se han hecho las cosas de una determinada manera, se pueden seguir haciendo así… pero no es real, la practica de numerosas entidades es la falsear o utilizar los procedimientos establecidos para adecuarlos a los deseos del dirigente o entidad, de buena fe.. en muchas ocasiones, por desconocimiento, por falta de profesionalidad o de etica,… pensando que es lo mejor para la entidad… ya que sino se trataría de un delito de prevaricacion….

Pero todas estas personas, desconocen que la sociedad, los profesionales y muchas administraciones   estamos avanzando hacia el estricto cumplimiento de la ley de contratos de aquí o de aquí (regionales o nacionales) y en definitiva, como buenos ciudadanos europeos cumpliendo las directivas de contratos que nos obligan a todos.

Este despacho lleva anos trabajando en este mundo  de la contratación publica tanto para las administraciones  como  los profesionales (solos o UTES)  o empresa para hacer realidad los suenos de cada uno, y espero que cono único despacho navarro especializado en este campo,  sigan confiando en nosotros y puedan estar tranquilos porque saben que lo están haciendo bien y no van a salir como noticia en un periódico por un proyecto que nacio con images (15)buena intencion….

Debemos recordar que la ley de transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013)  es una norma que tiene como objetivo reforzar el derecho de ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.


Esta  ley afecta, entre otras, a entidades como la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas,  y administraciones locales. También a la Casa Real, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, agencias estatales, entidades públicas empresariales, entidades gestoras de la Seguridad Social, fundaciones del sector público, etc. Ademas de las entidades vinculadas, por ejemplo, las  sociedades mercantiles en las que participen entidades públicas con un capital superior al 50%. Sin embargo, no todas tienen las mismas obligaciones.

Sólo ciertas disposiciones de la ley se aplican a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con subvenciones públicas de más de 100.000 € o cuando al menos un 40% de sus ingresos anuales provienen de fondos públicos, siempre que alcancen 5.000 € de cantidad mínima.

Y EL BUEN GOBIERNO… QUE ES???

Pues obliga a a responsables de las administraciones públicas y entidades del sector público estatal a actuar con transparencia, imparcialidad, igualdad de trato y diligencia .

La ley obliga a las administraciones públicas a difundir información relevante y actual sin que la ciudadanía se la solicite.

Se debe publicar en sedes electrónicas o páginas web. Esa información debe ser:

  • Periódica
  • Actualizada
  • Clara
  • Gratuita
  • Estructurada
  • Entendible
  • Accesible universalmente, es decir, comprensible también, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual
  • De calidad
  • Identificable
  • Localizable
  • Que funcione en varios sistemas (interoperabilidad)
  • Dispuesta formatos reutilizables, es decir, formatos con los que las personas puedan fácilmente realizar búsquedas, selección y elaborar obras derivadas

Las entidades a las que se le aplica esta publicidad activa deben difundir información como la siguiente:

  • Información relativa a sus funciones y estructura
  • Organigrama, perfil y trayectoria profesional de sus responsables
  • Contratos, su objeto, duración, importe, procedimiento, etc.
  • Estadísticas del volumen presupuestario de contratos
  • Relación de convenios suscritos, indicando también su objeto, duración, obligaciones, etc.
  • Subvenciones y ayudas públicas concedidas
  • Presupuestos, describiendo las principales partidas
  • Cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización
  • Retribuciones de las personas con mayor responsabilidad
  • Declaraciones anuales de bienes y actividades de representantes locales

Concretamente para las Administraciones Públicas:

  • Planes y programas anuales y plurianuales y medios previstos para su ejecución, indicadores de valoración, grado de cumplimiento y resultados
  • Anteproyectos de Ley, proyectos de Decretos Legislativos cuya y proyectos de Reglamentos iniciativa les corresponda
  • Relación de bienes inmuebles de su propiedad

La información pública son todos los contenidos o documentos que esté en el poder, hayan sido elaborado o adquiridos por las entidades a las que se les aplica la ley de transparencia.

Este derecho está limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional o pública, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional, propiedad intelectual, protección del medio ambiente, entre otros casos.

En el caso de que afecte a datos personales especialmente protegidos, la persona afectada debe dar su consentimiento.

Las ciudadanas y ciudadanos pueden solicitar información a las Administraciones identificándose e indicando una forma de contacto, pero no es obligatorio exponer los motivos de la solicitud de información.

La Administración tendrá un mes para resolver la consulta o dos si el volumen o complejidad lo hace necesario.

La ley obliga a la creación de esta herramienta, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, para publicar la información obligatoria por ley que deba proveer la Administración General del Estado, así como la solicitada de forma más frecuente por la ciudadanía.




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