La muestra aleatoria de 34 contratos (importe 5,8 M€) del CGPJ están plagados de irregularidades

Este fin de semana un periódico de tirada nacional ha publicado en su portada la siguiente noticia: Los contratos del CGPJ están plagados de irregularidades. Segun este periódico, el Tribunal de Cuentas ha detectado «carencias de control interno» y «deficiencias» de entidad en el régimen de contratación del Consejo General del Poder Judicial y las ha reflejado en el primer informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del órgano de gobierno de los jueces, referido a 2010.

Inexistencia de manuales que garanticen el cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación pública; falta de previsión de los contratos, que ha conducido a prácticas inadecuadas; ausencia de motivación de las adjudicaciones; falta de control en la ejecución… Toda una enmienda a la totalidad de la gestión del CGPJ, cuestión que deja en pañales las observaciones en torno al «elevado importe» y «excesiva discrecionalidad» de los gastos de viajes y de representación del anterior Consejo, ya corregida con una regulación más dura.

El Tribunal de Cuentas decidió inspeccionar las cuentas del Consejo General del Poder Judicial tras el escándalo de los gastos de viajes del ex presidente de la institución, que fue sometido por el propio órgano fiscalizador a un procedimiento de responsabilidad contable.Las observaciones que el informe de fiscalización realiza respecto a los gastos de viaje y a los fondos destinados a atenciones protocolarias y representativas se han visto muy mitigadas, porque  introdujeron modificaciones normativas relevantes que ahora obligan al presidente, a los vocales y otros cargos del CGPJ a especificar la razón del gasto, ademas el actual Consejo ha aplicado, a sus cuentas niveles de transparencia desconocidos en cualquier otra institución pública, lo cual es de aplaudir.

El órgano fiscalizador, que ciñe a 2010 el examen de la actividad económico-financiera del CGPJ, deja constancia, no obstante, de la «insuficiente regulación» que antes había de esos gastos -«no privativa del CGPJ»- y de su «excesivo grado de discrecionalidad».

Al Tribunal de Cuentas le llamaron la atención, además, los «importes tan elevados» dedicados a atenciones protocolarias y representativas (523.400 euros, de los cuales 91.722 fueron liquidados por los altos cargos del Consejo) y a gastos relacionados con los viajes (583.257 euros en desplazamientos, alojamiento y manutención).

El informe atribuye el cuantioso importe de los gastos de viaje «principalmente» al hecho de que 14 de los miembros del anterior Consejo tenían su residencia familiar fuera de Madrid. Este tipo de desplazamientos tanto en viajes oficiales como a la residencia familiar, en tren o avión «fueron en clase club, preferente o business«, constata., esto es del todo inaceptable, pues las autoridades y los empleados públicos de países europeos llevan una década viajando en clase turista, y ademas se produjo en un año, 2010, en el que España estaba ya inmersa en una grave crisis.

Las observaciones más críticas se refieren a la gestión de la contratación. Los inspectores seleccionaron una muestra de 34 contratos por importe de 5,8 millones de euros. Tras su examen, el informe habla de «carencias en materia de control interno» y «deficiencias atinentes al cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación».

Entre las primeras destaca la «ausencia de manuales que faciliten y garanticen la observancia y cumplimiento de las disposiciones aplicables». No se cumplieron las obligaciones de comunicación de los contratos adjudicados al Registro Público de Contratos y hubo «insuficiencias» en la información incluida en la memoria elevada a las Cortes.

Se ha constatado errores muy habituales en la contratacion:

1. «falta de previsión y ausencia de planificación» que ha hecho que se recurra a «prórrogas extemporáneas, modificaciones contractuales, a la contratación menor e incluso a la convalidación del gasto«.
2. falta de previsión «se extiende a la presupuestación de algunos contratos, valores estimados de los contratos no reales, en los que no se han realizado estudios económicos que permitieran la determinación de unos presupuestos ajustados a los precios de mercado».
3. deficiencias en la fase de preparación de los contratos «han podido conducir a una inadecuada selección de los procedimientos de adjudicación«, acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o a la contratación menor «cuando podría haberse tramitado un único procedimiento abierto».
4.  ausencia de informes o documentación suficientemente explicativos de la necesidad del contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del CGPJ».
5. «insuficiente definición del objeto del contrato, lo que ha ocasionado deficiencias en el control de su ejecución o el recurso a contratos menores para suplir las carencias derivadas de aquella indefinición inicial».
6. en los pliegos de condiciones no se especifiquen los elementos de baremación relativos a los criterios de adjudicación que dependían de un juicio de valor, una concreción que «constituye una garantía de cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia que deben presidir la contratación pública».
7. falta de  motivación de las adjudicaciones de los expedientes analizados, ya que NO se hizo constar de forma expresa, lo que «constituye un requisito legalmente ineludible», recuerda el Tribunal de Cuentas, ya que cumple la «función esencial» de asegurar el principio de transparencia y posibilita el control del acto.

Curiosamente, en la mayor parte de los expedientes se requería la celebración de una entrevista con responsables del CGPJ en fecha anterior a la formulación de la oferta económica, sin determinar los fines de ese encuentro ni su objeto ni las condiciones de su realización y de cuyo contenido efectivo no quedaba constancia documental en el expediente. El Tribunal subraya que esa entrevista «carece de soporte legal» y resulta «difícilmente compatible» con los principios de «publicidad y transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos«.

Entre los expedientes cuestionados este periódico destaca los contratos de:

Seguro de Responsabilidad. «Falta de rigor justificativo». Uno de los expedientes de contratación examinados fue la polémica suscripción de una póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los jueces. Se adjudicó por procedimiento abierto y costó 223.551 euros, destinados a hacer frente a las indemnizaciones que deben abonar los jueces cuando son condenados por dolo o culpa. «No deja de ser un asunto controvertido», señala el informe del órgano fiscalizador, ya que, si bien el CGPJ alegó que la póliza es un instrumento de refuerzo y garantía de la independencia judicial, «puede entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces». Con esa póliza no son ellos, sino el CGPJ con dinero público, el que cubre los daños y perjuicios que causan. El Tribunal de Cuentas «echa de menos» un «mayor rigor justificativo» de ese gasto en los documentos del expediente. Además, «no se determina correctamente el valor estimado del contrato» ni se hicieron estudios para la fijación del presupuesto base de licitación, que fue de 450.000 euros.Campañas publicitarias sin control posterior. En 2010, el CGPJ decidió hacer una campaña institucional en prensa y radio para «prestigiar a los jueces» ofreciendo «una imagen positiva de su trabajo». Se gastó 203.831 euros. El Tribunal de Cuentas señala que la ley de publicidad institucional (que no es de aplicación directa al CGPJ, «pero sí sirve de punto de referencia») «prohíbe las campañas que tengan por finalidad destacar los logros de gestión», ya que las campañas institucionales deben servir «a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve». El pliego de prescripciones estableció que la empresa adjudicataria se encargaría de evaluar la eficacia de la campaña una vez finalizada. «No consta esta evaluación», indica el tribunal. Cuando el fiscalizador la pidió, el CGPJ entregó un documento que «se limita a una mera descripción del trabajo realizado», pero no el alcance de la campaña, «lo que hace imposible la valoración de su impacto».