201501.16
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El Parlamento de Navarra aprueba una ley para introducir cláusulas sociales en la contratación pública

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición que modifica la ley foral de Contratos Públicos con el fin de incluir determinadas cláusulas sociales en los pliegos administrativos. El origen de esta ley está en una iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por 14.635 firmas.

La modificación aprobada tiene como mayor novedad, por objeto incorporar requerimientos de carácter social, con carácter obligatorio, en los pliegos que rijan todos los procesos de contratación, concesión y gestión de obras y servicios que formen parte del sector público de la Comunidad foral, ya que esta posibilidad, y no solo para clausulas de caracter social, también económicas o ambientales, ya estaba recomendada y prevista por la ley de contratos navarra.

Así, entre los requisitos de carácter social que los poderes públicos «podrán exigir» para salvaguardar unas condiciones mínimas de contratación se citan, sin perjuicio de otros, el «respeto a las condiciones del último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior» existente en el ramo en el que se encuadra la actividad de la empresa contratista.

También se cita la «subrogación» de todos los trabajadores con una antigüedad mínima de tres meses (en todos los derechos y obligaciones contraídos), cuando se produzca un cambio de empresa contratista o cuando dicha compañía subcontrate, también de manera parcial, su actividad con terceros.

En lo concerniente a la oferta económica del adjudicatario, se establece que deberá ser la «adecuada para poder hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo que corresponda», de modo que «en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan resultar inferiores a los precios/hora del convenio, más los costes de la seguridad social«.

Los incumplimientos acreditados de las mencionadas cláusulas sociales podrán dar lugar, bien a la «rescisión» del contrato, con «prohibición para licitar durante dos años en cualquier procedimiento convocado al amparo de esta Ley», bien a la imposición de una pena equivalente al 20% del precio del contrato, pudiendo en este caso continuar con su ejecución.

Me resulta curioso que se se proyecta incluir en los pliegos de licitación y contratación la «aceptación voluntaria» de los concurrentes, de manera que, en aras a la transparencia institucional, se puedan dar a conocer «todos los datos vinculados al proceso de adjudicación y ejecución, hasta la conclusión del mismo«, ya que esto ya se podia exigir por el poder adjudicador, ademas de que existe una obligacion de que los subcontratos o cesiones del adjudicatario,  cumplan con la normativa legal y con las condiciones que se exigen en la licitacion para la empresa adjudicataria.

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